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Modificación legal del sistema de compensación equitativa por copia privada

En el BOE de 4 de julio se ha publicado el Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada.

 

 

El derecho de los autores a recibir una compensación equitativa por la copia para uso privado de sus obras está reconocido en los acuerdos internacionales y las instituciones supranacionales; en el caso de la Unión Europea su normativa ampara el ejercicio efectivo de ese derecho y los países miembros deciden el modo en que se articula la recaudación y la distribución de las cuantías resultantes. La legislación española optó inicialmente por un canon sobre los mecanismos de almacenamiento y reproducción digitales, lo que provocó muchas críticas por considerarse que se aplicaba de forma indiscriminada, obligando a pagar a cualquier usuario sin tener en cuenta su utilización real, y fue declarado nulo por la Audiencia Nacional en 2011. El siguiente intento de regulación estableció que el pago a los autores por su derecho se haría a través de los Presupuestos Generales del Estado; esta opción tampoco estuvo exenta de críticas, al repercutir en coste en el conjunto de la población, y fue anulada en 2016 por el Tribunal Supremo, tras consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El nuevo sistema que contempla el Real Decreto-ley 12/2017 buscar cubrir el vacío legal y establece que sean los fabricantes y distribuidores de aparatos de reproducción quienes paguen este nuevo canon a los autores, liquidando a las entidades de gestión de derechos de autor que se deben encargar, a su vez, de distribuir las cantidades. El nuevo texto legal establece excepciones; en concreto, las Administraciones Públicas y cuando la adquisición de los aparatos se haga con un destino exclusivamente profesional por parte de personas físicas o jurídicas; este último aspecto va destinado fundamentalmente a las empresas y profesionales. La gestión de las excepciones también se encomienda a las entidades de gestión de derechos. El texto establece que en el plazo máximo de un año se tendrá que aprobar el reglamento de desarrollo de este Decreto-ley donde se concretarán algunos aspectos de su aplicación.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/04/pdfs/BOE-A-2017-7718.pdf